Shadow AI: el fenómeno tecnológico que desafía a las universidades

Por Luciano Pérez Gaimberán, Named Account Manager en Veeam México

Las instituciones de educación superior en México inician un nuevo ciclo escolar marcado por el avance continuo de la inteligencia artificial. Esta tecnología optimiza la automatización de procesos administrativos, analiza volúmenes amplios de información académica y apoya el aprendizaje continuo del cuerpo docente. Asimismo, el estudiantado utiliza estas herramientas para investigar, elaborar proyectos y solucionar tareas complejas. Sin embargo, el uso inadecuado de la inteligencia artificial genera vulnerabilidades cibernéticas significativas en los campus.

El informe Data and AI Trust Gap, desarrollado por Veeam, revela que apenas el 7% de las organizaciones se encuentra realmente preparado para implementar inteligencia artificial. Además, únicamente el 28% de los líderes confía en su capacidad para detectar sistemas no autorizados. Aunque el 95% de las empresas reconoce la presencia de aplicaciones no permitidas en sus redes, tres cuartas partes no ofrece alternativas oficiales, intentando reprimir la demanda en lugar de gestionarla de manera eficiente.

En el entorno universitario, esta problemática cobra mayor gravedad debido a la sensibilidad de la información expuesta. El uso no supervisado de la tecnología compromete expedientes académicos, datos personales, investigaciones privadas, propiedad intelectual, resultados de laboratorios y documentación administrativa confidencial.

La brecha de gobernabilidad frente a la adopción masiva

El fenómeno denominado Shadow AI o inteligencia artificial en la sombra define el uso de herramientas digitales sin el conocimiento, permiso o supervisión del departamento de tecnologías de la información. Esta práctica resulta habitual entre estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo.

Estudios de la firma Kiteworks confirman que las universidades enfrentan una marcada brecha de gobernabilidad. Las instituciones carecen de marcos normativos para garantizar el uso seguro de estas plataformas, lo que genera puntos ciegos en la protección de datos. La ausencia de políticas claras y mecanismos de monitoreo obliga a la comunidad universitaria a depender de soluciones no autorizadas.

Por su parte, un reporte de Coursera indica que el 95% de los estudiantes y docentes a nivel global emplea herramientas de inteligencia artificial con regularidad. No obstante, solo una de cada cinco instituciones cuenta con directrices formales, y apenas el 36% del alumnado recibe orientación sobre su uso responsable. El estudio destaca que el 27% del contenido cargado en estas aplicaciones externas es confidencial y un 11% es sensible, provocando la salida de datos privados hacia modelos de lenguaje de terceros.

El rol del departamento de TI para asegurar la información

Los equipos de tecnologías de la información en el sector educativo enfrentan el reto de garantizar la trazabilidad de los modelos analíticos. Esta tarea exige reestructurar las políticas de privacidad, permisos y ciclo de vida de los datos. La dispersión de la información en facultades, laboratorios, nubes personales y plataformas de gestión dificulta el control sobre quién accede a los archivos y qué herramientas operan de forma clandestina.

Para establecer una gobernabilidad digital efectiva, Veeam propone una estrategia estructurada en cuatro ejes fundamentales:

• Aceptar la presencia de la inteligencia artificial: Reconocer que la adopción tecnológica es inevitable y enfocar los esfuerzos en mitigar riesgos mediante la visibilidad, higiene de datos y capacitación continua.
• Priorizar la visibilidad del entorno de datos: Rastrear la ubicación de la información, identificar quién interactúa con ella y monitorear su flujo entre diferentes sistemas.
• Avanzar con pasos disciplinados: Implementar proyectos piloto y definir criterios estrictos para clasificar los archivos sensibles.
• Fortalecer la resiliencia y la recuperación: Aumentar la capacidad de respuesta y restauración de los sistemas ante posibles interrupciones operativas.

Las universidades deben mapear la información académica, clasificar los documentos prioritarios como tesis o proyectos de investigación, y habilitar canales oficiales para el uso de herramientas tecnológicas. Prohibir estas aplicaciones resulta ineficaz; la solución radica en gobernar su uso mediante alternativas seguras, trazables y resilientes que protejan la integridad institucional.