Por Juan Pablo Jiménez, vicepresidente de Ventas en Latinoamérica de OneSpan

Han pasado dos años desafiantes. La pandemia de COVID-19 aceleró la digitalización de varios sectores en toda América Latina, precipitando un aumento en la penetración de las tecnologías digitales, la banca digital, las plataformas de redes sociales, el comercio electrónico y las súper aplicaciones, entre otros. Las personas buscan cada vez más servicios que estén al alcance de su mano, y esto ha sido posible gracias a la rápida transformación digital que tuvieron que experimentar las empresas en medio de la pandemia. Estos procesos de digitalización han implicado que las personas tengan que compartir su información personal con empresas que abarcan desde minoristas hasta bancos e instituciones financieras.

Como un efecto dominó, esta situación provocó un aumento de la actividad de los ciberdelincuentes, quienes han refinado e innovado sus métodos de ataque como el phishing, el vishing y otras formas de robar la información de las personas, incitando acciones de los reguladores para fortalecer las leyes y medidas de protección de datos y la privacidad de las personas. Algunas de estas disposiciones establecen que se les debe informar a los usuarios los riesgos inherentes al uso de cualquier plataforma, contienen recomendaciones para evitar acciones no autorizadas e indican que los términos y condiciones deben estar siempre disponibles para consulta. Estas acciones buscan mejorar las capacidades de seguridad de los bancos al mismo tiempo que su crecimiento, el auge de las empresas de tecnofinanzas y el boom de mecanismos financieros como las monedas digitales.

Recientemente, OneSpan publicó su segundo Informe anual sobre la regulación financiera mundial. Dicho estudio muestra cómo el cambiante panorama normativo está impactando a la banca y cómo las instituciones financieras están respondiendo a los nuevos desafíos creados por ataques más innovadores por parte de hackers, la protección de los datos sensibles y una normativa más estricta que nunca. Se trata de un valioso documento que expone cómo la reacción en cadena iniciada por la pandemia se está produciendo en nuestra región.

América Latina fue la región más asolada por la pandemia, y eso creó la enorme necesidad de que los gobiernos distribuyeran ayudas para sus ciudadanos. Por ello, las regulaciones destinadas a promover la transformación digital y la inclusión financiera fueron una de las mayores tendencias en todos los países. Colombia, por ejemplo, será el tercer país de Latinoamérica en introducir la banca abierta, después de México y Brasil. Busca reducir los costos de los servicios y productos financieros y ofrecerles más opciones a los consumidores. Asimismo, el proyecto de Ley de Innovación Financiera de Chile está en proceso legislativo y, si se aprueba, podría convertir a Chile en el cuarto país, ya que creará un marco para la banca abierta.

Otra tendencia que está llamando la atención de las autoridades no sólo de la región, sino también del resto del mundo, es la creciente popularidad de las monedas digitales de emisión privada, como Bitcoin y Ethereum. La preocupación por la ciberseguridad suele ir de la mano de las criptomonedas, que –debido a su anonimato y a la falta general de regulación de los intercambios– se exigen con frecuencia como pago en caso de ataques de ransomware. Los bancos centrales están emitiendo advertencias, estableciendo regímenes de licencias, prohibiendo a los bancos y a otras instituciones financieras negociar o facilitar las transacciones de criptomonedas, y aplicando a los intercambios de criptomonedas las normas de “conozca a su cliente” y otras normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Aun así, los criptoinversionistas no se dejan intimidar, ya que los niveles de interés alcanzaron máximos históricos en el 2021. Esto también ha impulsado a los Estados a empezar a debatir sobre la emisión de monedas digitales de bancos centrales (CBDC por sus siglas en inglés), algo en lo que están avanzando países como Brasil, Guatemala y varias naciones del Caribe.

No sólo las autoridades están preocupadas por esto, sino también los líderes empresariales del sector financiero. El informe de este año vino acompañado por una encuesta realizada en conjunto con la firma de información empresarial Arizent, la cual entrevistó a más de 150 altos ejecutivos en cinco jurisdicciones, incluyendo México. Los resultados mostraron que el 84% de los líderes bancarios sénior que representan a instituciones financieras globales se están preparando para iniciativas de vanguardia como las monedas digitales de los bancos centrales en el transcurso del próximo año. En el caso de México, el 40% de ellos considera que es probable que se desarrolle un programa de CBDC en el país en los próximos dos años.

Otros hallazgos del informe mencionan que los desafíos de cumplimiento más importantes para los bancos incluyen la reducción o prevención de ciberataques (53%); la protección de datos sensibles (47%); y mantenerse actualizado con los cambios en las leyes de privacidad del consumidor y las regulaciones de la industria (41%).

El análisis del contexto de la economía digital en América Latina muestra que en el 2022 la transformación digital y la inclusión financiera seguirán perfilando las agendas, impulsando a las instituciones financieras y a las empresas de tecnofinanzas a mejorar los métodos de pago y la seguridad para proteger a sus clientes, e incentivando a las autoridades reguladoras a actuar para seguir el ritmo acelerado de este fenómeno. El próximo año, las fichas de este efecto dominó iniciado por la pandemia seguirán cayendo.