Hace unos días, el Congreso de Tamaulipas aprobó una serie de reformas el Código Penal estatal que detonaron en las más enérgicas protestas en las redes sociales contra una autoridad local.
Al trascender que la reforma había sido aprobada por unanimidad por los Diputados Locales con dispensa de trámite es decir vía ‘fast-track’ los activistas digitales advirtieron una supuesta intención de regular las actividades más relevantes que caracterizan a la sociedad conectada: creación de contenidos de humor con orientación política y la propagación de alertas en temas de seguridad por las redes sociales.
La Organización No Gubernamental Artículo 19 emitió un pronunciamiento al respecto detallando el riesgo que suponía para la libertad de expresión la citada reforma.
En especial, hizo alusión al artículo 207 que preveía de dos a cinco años de prisión y multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien “sin autorización utilice o copie o modifique información contenida en sistemas o equipos de informática o redes sociales, protegida por algún mecanismo de seguridad que modifique, dañe o desprestigie a alguna persona o institución privada, se le impondrá una sanción”.
“Peor aún, se aumentará una tercera parte de dicha pena cuando sea cometido en contra del Gobernador o cualquier servidor público del Poder Judicial, la Procuraduría local, personas con cargo de elección popular y los gobiernos municipales” señaló la ONG.
Durante dos días, cientos de usuarios de las redes sociales se manifestaron en sus muros contra la legislación aprobada.
En el lapso, ninguno de los diputados locales asomaron la cabeza para defender su decisión.
El domingo por la noche, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca anunció que no publicaría la Ley aprobada por su congreso y anunció su revisión.
Las redes sociales se apuntaron su primera victoria frente a un Poder público como lo es el legislativo tamaulipeco y no será la primera.
En Tamaulipas como en el resto del país y del mundo, la escena pública está siendo sacudida por el activismo virtual entre la gente de todo el mundo, sin que existan fronteras geográficas, étnicas, religiosas o ideológicas de ninguna índole.
El ciudadano conectado se organiza mejor y amplía de manera contundente su influencia en la vida pública.
Lo que antes era derecho exclusivo de los partidos políticos, hoy es una capacidad sin precedentes para influir en la política institucional.
La función pública se está desplazando hacia una autoridad social con alta conciencia moral y está inaugurando una nueva era del poder social en la vida pública de nuestras comunidades.
¿Quien sigue?
