*Por Yugoslav Musac, consultor de FICO para América Latina y Caribe

(Ciudad de México, 9 de Julio 2020) – Según el grupo The Global Initiative, una organización internacional de la sociedad civil, el oro es uno de los productos básicos más preciados del mundo, pero en Latinoamérica su producción está cada vez más limitada por los abusos contra los derechos humanos y las actividades ilícitas, lo que crea un riesgo financiero y de reputación significativo para las empresas.

La falta de vigilancia y oportunidad que tiene la minería ilegal, junto con la corrupción crónica, ha dado lugar a que el oro se perciba como una forma de hacer dinero pero a un precio muy alto.

Este es un problema que está creciendo tanto en escala como en prevalencia, creando desafíos significativos no sólo dentro de Latinoamérica, sino para cualquier empresa que produce, compra, vende e incluso financia proyectos relacionados con el oro.

Por ejemplo, según datos de un estudio de Thomson Reuters, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, obtienen aproximadamente el 20% de su financiamiento a través de la minería ilegal del oro. Mientras que, en Perú, las exportaciones ilegales anuales de oro son el doble que la cocaína, que asciende a alrededor de 3.000 millones de dólares.

Además de Colombia y Perú, en la última de las cuales se estima que el 95% del oro ilegal se extrae de una sola región, el problema es igual de frecuente en Bolivia, Brasil, Ecuador y en Venezuela.

“La minería ilegal no sólo es nociva para el medio ambiente, sino también para el sistema financiero multi-regional. Un problema en particular es el llamado “lavado de oro”; al igual que con el lavado de dinero, los mineros ilegales y los criminales organizados tratan de ocultar los orígenes ilícitos de su oro mezclándolo con oro legítimamente extraído, para luego introducirlo en el mercado legal internacional”, afirmó Yugoslav Musac, consultor de soluciones para FICO.

A medida que el problema de la minería ilegal de oro no disminuye, el riesgo regulatorio y el riesgo reputacional se fortalece.

Si una compañía o un tercero realiza negocios con cualquier empresa, incluyendo bancos y aseguradoras que formen parte de una cadena de extracción o venta ilegal del oro, entonces estas empresas están incumpliendo regulaciones básicas de Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML o PLD).

Las empresas deben cumplir con las normas regulatorias básicas como KYC y AML.   Esto significa conocer al cliente de su cliente, y tener en cuenta la reputación de la empresa, el país y la industria en la que se está haciendo negocios.

Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas para mitigar este problema?

1. Asegurarse de que todos los clientes se procesan utilizando un programa Know Your Customer (Conozca a su cliente) como prueba de auditoría.

2. Contar con herramientas que permitan revisar a los nuevos clientes y verificarlos a través de una variedad de diferentes sanciones y listas de PEP (Personas Expuestas Políticamente) que están agregando cada vez más malos actores en el mundo de la minería ilegal, es decir plataformas como la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, la ONU, la Unión Europea y Gestión de recursos humanos en tiempo real.

3. Clasificar a los clientes con diferentes niveles de riesgo: clasificar a todos los clientes entrantes y existentes con un nivel de riesgo y modificar ese nivel según su actividad. Por ejemplo, si un cliente actual de un momento a otro comienza a depositar grandes cantidades de efectivo o hacer depósitos anormalmente grandes, ajuste su escenario de riesgo de acuerdo con ese comportamiento.

4. Cuente con un proceso de documentación: tenga un sistema en el que estos malos actores puedan ser documentados e informados.

La mejor manera de mitigar la propagación de la actividad ilícita de lavado de oro es detectar el origen y sacar a la luz estos nombres.  Una vez que se ha identificado un blanqueador, esta información no sólo puede ayudar a las instituciones financieras y organizaciones de su país, sino también a la región.

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