¿Hasta cuando vamos seguir preguntando por la contraseña de Wi-Fi al llegar a un
restaurante antes de ver el menú?, ¿las compañías de telefonía celular seguirán
ocupando cada semana un nada honroso HT que denuncie la ineficiencia de sus
servicios?.
¿Cuando será el día en que los millones de mexicanos en situación de pobreza
accedan a la sociedad de la información para elevar sus capacidades productivas
que les permita salir de esa condición social?
A veces pareciera que quienes llegamos con una computadora portátil o una tableta
a un Starbucks para trabajar ó relajarnos, no tenemos idea que aún hay una mayoría
de mexicanos que no puede darse el lujo de poder beneficiarse de la conectividad.
Esta semana, el 17 de Mayo, el mundo celebrará el día mundial de Internet.
En México, la discusión versará no tanto en la forma en que la conectividad ha
cambiado la vida de las personas, sino en el reto que supone la integración de las
comunidades marginadas a la llamada Sociedad de la Información.
No es raro que también estemos a un mes de que se cumplan 3 años de que los
actores políticos en nuestro país concretaron la más ambiciosa reforma estructural
en materia de telecomunicaciones que dio por primera vez una cierta solidez en
términos jurídicos a la dinámica competitiva del sector.
Sin embargo, la evidencia estadística impone límites a la celebración y coloca de
manifiesto la urgencia por impulsar una incorporación más acelerada y menos
vulnerable de nuestros ciudadanos a la conectividad.
En 2013, las reformas constitucionales sobre esta materia fueron aprobadas con la
finalidad de “beneficiar a la población el permitir el acceso de la población a las
tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha” según el
espíritu de la discusión.
La expectativa era además que se establecieran las condiciones de competencia y
libre concurrencia en este tipo de servicios.
Pero las cifras siempre duras hablan por si mismas: según el INEGI el 57.4 por ciento
de los mexicanos de seis años o más en México, se declara usuaria de Internet y en
este contexto siete de cada 10 usuarios de la otrora llamada ‘super carretera de la
información’ tiene menos de 35 años.
Sin embargo, seis de cada 10 hogares en el país no tiene una conexión y su uso,
según el INEGI, sigue asociado al nivel de estudios es decir que entre más estudios
tienen las personas , mayor uso de la red.
Los datos que arroja la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías
de la Información en los Hogares (ENDUTIH) – que por primera vez se levantó en
2015-, sugieren que las principales limitantes que identifican los hogares para
disponer de conexión a Internet son de tipo económico y de infraestructura; la falta
de recursos económicos destaca como la mayor limitante, seguida de la ausencia de
infraestructura o proveedores del servicio en las localidades.
Lo anterior, cuando una de las principales razones que sustentaron la dinámica
legislativa que reformó los fundamentos económicos del sector, era que se
redujeran los costos de los servicios de telecomunicaciones para los mexicanos.
Hasta ahora solo tenemos eso, una mera expectativa.
Pero de nada sirve tener mejores reglas si no existe voluntad política para aplicarlas.
La solución a esta compleja situación de la realidad digital en nuestro país tendrá
que detonar desde las ciudades.
Las experiencias internacionales sugieren que es en ciudades conectadas desde
donde pueden desdoblarse iniciativas de conectividad a partir del esfuerzo conjunto
de los actores públicos y privados.
No es extraño que en los centros urbanos conectados se dan los espacios más
propicios para la innovación y la creatividad de los individuos porque existen las
condiciones propicias para intercambiar, confrontar y generar nuevas ideas.
Superar la inclusión digital solo podrá concretarse a partir de ciudades conectadas
en donde sus habitantes tengan acceso a una conectividad eficiente y servicios de
telecomunicaciones siempre disponibles y convenientes en contenido, calidad y
tiempo.
Lo anterior implica el desarrollo de estrategias basadas en la cooperación público-
privada que permita la oferta de servicios a través del aprovechamiento de la
infraestructura y las tecnologías de la información.
De no instrumentar medidas al respecto, los desequilibrios digitales en el país más
allá de representar una alternativa de política pública para el desarrollo de los
individuos, podría convertirse en una limitante más de las muchas que nuestra
sociedad enfrenta para poder salir adelante.
